El Pacto Verde Europeo es la estrategia de crecimiento de la Unión Europea a partir de los Acuerdos de París de 2015. Su objetivo principal es mantener el calentamiento global en un máximo de +1,5 o C con respecto a los niveles preindustriales, además de crear una Europa más saludable y climáticamente neutra, transformando la forma en que producimos y consumimos.
Desde el 5 de enero de 2023 entra en vigor la Directiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) que obliga a las empresas a reportar de manera estándarizada su desempeño en sostenibilidad sobre un criterio triple, el ASG: Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG en inglés).
- Criterio Ambiental: enfocado en proteger la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos naturales, promoviendo prácticas como la Economía Circular, las energías renovables y la reducción de emisiones para mitigar el calentamiento global.
- Criterio Social: abarca las condiciones laborales, la igualdad, la diversidad y los derechos humanos en toda la cadena de suministro, así como la protección de datos.
- Criterio de Buena Gobernanza: como la transparencia fiscal, políticas contra la corrupción y contra blanqueo de capitales.
Esta información desplegada en la Directiva CSRD, presenta además unos estándares homogéneos o ESRS (European Sustainability Reporting Standards) que se refieren a normas técnicas que definen los indicadores concretos a evaluar, así como la metodología de evaluación.
El 12 de junio de 2025 entró en vigor el Real Decreto 214/2025 que establece la creación del Registro Nacional de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO 2 . Este Decreto impone la obligación de calcular, publicar y reducir la huella de carbono que las grandes y medianas empresas deben hacer públicos en sus Informes de Sostenibilidad y establecer un plan de reducción de emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero).
